Felipe Solá firmó el proyecto para promover la destitución de Aníbal Fernández desde el Congreso

Por Pablo Winokur

El jefe de ministros es hoy el principal artillero del gobierno, y sus “anibaladas” recorren las páginas web y despiertan la admiración de los propios y la ira de los ajenos. Más allá de la retórica, la oposición sostiene que Aníbal no cumple con los deberes que su función exige. Y cree que tiene los votos y las causales suficientes para promover su destitución desde el Congreso.

En Diputados hay dos proyectos, uno de ellos con amplio consenso que lleva las firmas de los diputados Felipe Solá, Enrique Thomas y Natalia Gambaro (Peronismo Federal); Patricia Bullrich (Coalición Cívica); Rubén Lanceta (UCR) y Paula Bertol (PRO).

En el Senado se presentaron tres: uno de Gerardo Morales (UCR-Jujuy), acompañado por todos los radicales; otro de José Cano (UCR-Tucumán), y por último uno del Peronismo Federal impulsado por el sanluiseño Adolfo Rodríguez Saá.

¿Pero puede el Congreso echar a un funcionario designado por la Presidenta? ¿Qué es la moción de censura y para qué sirve? ¿Cuál es el verdadero rol constitucional del Jefe de Gabinete?

Un sistema semi presidencial

La figura del jefe de Gabinete surgió como parte de las negociaciones entre los ex presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem para reformar la Constitución en 1994, el famoso “Pacto de Olivos”. El radicalismo, desde el inicio de la democracia, se mostró proclive a girar el sistema argentino hacia un parlamentarismo o, al menos, hacia un semi presidencialismo similar al que existe en Francia, donde conviven un presidente y un primer ministro cada uno con más o menos poder, dependiendo de la correlación de fuerzas que existan en el Parlamento.

Por cuestiones culturales o de conveniencia política, no se pudo llegar a tanto. Pero la figura del jefe de Gabinete vino a moderar un poco el sistema presidencial.

¿Cuáles son las tareas de este ministro que está por encima del resto?

El artículo 100 de la Constitución reglamenta sus funciones. Debe “ejercer la administración general del país”, aunque el presidente es el "responsable político de la administración". Es decir, el que manda es el presidente, pero que el administra es el jefe de Gabinete. Puede efectuar nombramientos de los empleados de la administración y “ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el Presidente de la Nación”. También coordina y convoca a las reuniones de Gabinete y es el encargado de enviar al Congreso el Presupuesto de la Nación y de ejecutarlo. También es el responsable de los temas de gestión ante el Parlamento. Debe concurrir a informar todos los meses, práctica que nunca llegó a cristalizarse. Hasta aquí, las funciones formales.

La idea de los constituyentes fue que el jefe de Gabinete sea alguien con perfil político propio. Y, eventualmente, sus amplias potestades podrían servir para que en una crisis política, se impusiera en ese cargo a alguien con respaldo del oficialismo y la oposición. Claro que para eso el presidente debe aceptar compartir el poder, práctica que hasta ahora no se dio en la Argentina.

En el sistema semi presidencial francés, el primer ministro es elegido en el parlamento. En la Argentina, el asunto quedó a mitad de camino. El jefe de Gabinete no es electo por el Congreso, pero sí puede ser removido por las Cámaras. Para esto no se necesitan los dos tercios, como sucede con el juicio político, sino que alcanza con la mayoría absoluta de los miembros. Es decir, 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. Es decir, que si toda la oposición se uniera (eso sí, incluyendo al cada vez más K Carlos Menem), conseguirían los votos suficientes para destituir a Aníbal F.

Cómo es el procedimiento

De acuerdo al artículo 101 de la Constitución, el jefe de Gabinete debe ir al Congreso a dar informes todos los meses. Por eso se presentará el 2 de junio ante el Senado. Claro que hasta ahora, en casi 10 meses de gestión sólo fue una vez al Congreso.

También plantea que puede ser interpelado para una moción de censura por la mayoría absoluta del total de miembros de una Cámara, y luego removido por la mayoría absoluta del total de miembros de ambas Cámaras.

El proceso sería más o menos el siguiente: alguna de las Cámaras decide interpelar al jefe de Gabinete. Este tendrá que presentarse ante el cuerpo que lo convocó a dar explicaciones sobre uno o más temas. Hasta aquí el procedimiento es igual que el de cualquier ministro que es interpelado. Sin embargo, cuando termine esa sesión de interpelación el cuerpo decidirá si aprueba lo dicho por el funcionario o si lo “censura”. Si vota la moción de censura, quedará habilitada la posibilidad de que el Congreso lo remueva. La censura puede ser votada por una sola Cámara, pero la remoción debe ser habilitada por las dos, como en cualquier ley. No es necesario que Diputados y Senadores expongan los mismos argumentos, sino que cada Cámara puede echarlo por causas distintas.

La teoría de la ciencia política indica que con la simple moción de censura debería alcanzar para que el funcionario renuncie, para evitar el costo político para el gobierno de sostener a un funcionario que cuenta con el rechazo del Congreso o -peor aún- que al Presidente le echen a su colaborador más cercano. Sin embargo, en la Argentina esas lógicas parecen quebrarse día a día.

La figura del jefe de Gabinete fue pensada para quebrar cierta rigidez del presidencialismo. En caso de crisis política (por ejemplo, en la caída de De la Rúa) siempre existiría la posibilidad de nombrar a un jefe de Gabinete de la oposición (Eduardo Duhalde, por ejemplo) que permita oxigenar el gobierno y dotarlo de respaldo parlamentario.

Sin embargo, lejos se estuvo de esa idea utópica. En general, esta posición la ocuparon personajes secundarios con poca relevancia política y muy cercanos al presidente (sólo Rodolfo Terragno tuvo un perfil diferente). En los últimos años, incluso la idea del Gabinete quedó desdibujada.

Pese a esto, las instituciones están para usarse, y hoy la oposición tiene la oportunidad histórica de inaugurar ese proceso pensado en la Constitución del ‘94. ¿Lo usará?


Fuente: Noticias del Congreso Nacional