Felipe Solá firmó junto a Pino Solanas el proyecto para crear la comisión investigadora de la deuda externa

A más de dos meses del inicio de sesiones ordinarias, Fernando“Pino” Solanas, diputado líder de Proyecto Sur, advirtió que su promocionado proyecto para suspender los pagos de la dueda externa e investigar su origen está siendo demorado adrede por el kirchnerismo, que preside dos de las tres comisiones a las que fue girado.

Son las de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que encabeza el kirchnerista Gerónimo Vargas Aignasse; Presupuesto y Hacienda, a cargo del también K Gustavo Marconato; y la de Finanzas, liderada por Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica.

La primera en tratarlo debe ser la de Peticiones, Poderes y Reglamentos, pero el tucumano Vargas Aignasse se viene negando a incluirla en el orden del día. Fue eso lo que el jueves le pidió Pino en una nota que también firmaron Felipe Solá, jefe del bloque Peronismo Federal; y Gerado Milman, del Gen.

El proceso se repite con cada proyecto que no le agrada a la Casa Rosada. El secretario paralamentario, Enrique Hidalgo, lo gira a alguna de las cuatro comisiones que presiden dipuados kirchneristas. En todas, el oficialismo tiene minoría.

Solanas propone la creación de “una Comisión bicameral de investigación sobre el origen, tramitación y seguimientos de todas las negociaciones relativas a la deuda pública”, integrada por doce senadores y la misma cantidad de dipuados, elegidos según la proporcionalidad de las Cámaras.

El proyecto establece que la Comisión “tendrá como objetivo el establecimiento de la legalidad y legitimidad de todas las operaciones de endeudamiento, refinanciación y reestructuración de la deuda del Sector Público Nacional; como así también de todas las operaciones realizadas por el sector privado entre los años 1976 y 1982”.

Tras un año de investigación, la bicameral deberá elevar un informe final para que sea evaluado por el Congreso. Quizá su aspecto más polémico es que hasta que los legisladores no se expidan sobre ese trabajo debería suspenderse el pago total de la deuda.

Pero no se declararía abiertamente el default, como en la efímera presidencia de Adolfo Rodríguez Saá. Para evitarlo, mientras se haga el informe el Gobierno debería retener los fondos equivalentes a las cancelaciones de dueda del año en curso a la espera de que la Bicameral se expida, sin que ello signifique reconocer derechos sobre los acreedores.

Fuente: LPO